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Un ex abogado de Boudou, designado conjuez de Casación

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la lista de conjueces del máximo tribunal del país en materia penal. Entre ellos figuran abogados de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo y un ex defensor del vicepresidente de la Nación

10 de Enero de 2014 | 00:00

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la lista de "conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal" -el máximo tribunal penal del país-, en la que figuran abogados de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo y un ex defensor del vicepresidente Amado Boudou.

Mediante la publicación hoy del decreto 2270, que en rigor tiene fecha del 19 de diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de los conjueces Nicolás D'Albora, Carlos Cruz, Marcelo Buigo, Norberto Frontini, Claudio Vázquez, Eduardo Barcesat, Roberto Boico, Raúl Ferreyra, Martín Magram y Alan Iud.

Magram fue abogado de Boudou en una causa que tramitó en Mar del Plata y Barcesat y Boico, que integran un mismo estudio, asisten a Madres de Plaza de Mayo y a la titular de esta asociación, Hebe de Bonafini.

En tanto, Iud es abogado de Abuelas, Buigo fue apoderado del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Cruz defendió a la ex ministra de Economía Felisa Micelli en la causa en la que terminó condenada por el hallazgo de una bolsa con dinero en el baño de su despacho oficial.

Todos recibieron acuerdo del Senado en una controvertida sesión en diciembre pasado.

La designación de los conjueces fue firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el ministro de Justicia, Julio Alak.

Casación es un cuerpo altamente estratégico debido a su condición de máximo tribunal penal, por sobre el cual solo está la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Aunque en este caso el Gobierno logró su objetivo, distinta suerte corrió la reforma que impulsaba para "democratizar" el Poder Judicial y con la que, según la oposición, el kirchnerismo buscaba tener una mayor influencia sobre la Justicia.

El proyecto oficial terminó en la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el tramo medular, especialmente el segmento referido al Consejo de la Magistratura, decisivo para la designación y remoción de jueces.

Antes, el Gobierno había logrado desplazar a Esteban Righi de la Procuración General de la Nación y colocó en su lugar a Alejandra Gils Carbó, una de las referentes de la agrupación oficialista "Justicia Legítima"

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