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Capitanich dijo que el envío de fuerzas es “preventivo”, ante un pedido de De la Sota y remarcó que la medida busca evitar acciones “de carácter extorsivo”
El Gobierno nacional dispuso hoy el envío a Córdoba de "mil efectivos de las fuerzas federales" como parte de un programa de "seguridad preventiva" luego de que cuatro efectivos de la Policía provincial fueran sancionados porque presuntamente promovían un nuevo autoacuartelamiento.
La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien en la tradicional conferencia de prensa dada en la Casa de Gobierno aseveró que "el apoyo de las fuerzas federales es absolutamente contundente para evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivos".
En tanto, el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, se manifestó "convencido" de que los cuatro efectivos pasados a situación pasiva, impulsaban un nuevo autoacuartelamiento, mientras que el fiscal Raúl Garzón detuvo a una de las mujeres que protestaba frente a la Jefatura de Policía.
"Por instrucción de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha establecido los mecanismos necesarios para el envío de mil agente de las fuerzas federales en materia de seguridad preventiva frente a eventuales acciones de la policía de la provincia de Córdoba", precisó el ministro coordinador.
Capitanich, quien recordó que la seguridad interna depende de las provincias, dejó en claro que la medida fue dispuesta a partir de "un requerimiento formal" del gobernador cordobés, José Manuel De la Sota.
SANCIONAN A CUATRO POLICIAS
Asimismo, el jefe de Gabinete informó que "el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba sancionó a cuatro efectivos como una medida preventiva en virtud de que han promovido un proceso de acuartalemino similar a lo registrado" el 3 de diciembre pasado "con los disturbios y saqueos acaecidos que ha involucrado a miembros de la fuerza".
En este sentido, el funcionario resaltó que "no se puede actuar bajo extorsión" y remarcó que "es absolutamente imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional".
"Lo que tiene que quedar claro y en evidencia es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana no puede extorsionar a los gobiernos portando armas", enfatizó.
Además, Capitanich reclamó que "es absolutamente indispensable observar el rol insustituible de fiscales y jueces, quienes deben actuar con absoluta fidelidad al deber de identificar a quienes son responsables de este tipo de hechos y acciones vandálicas".
A todo esto, el jefe de la Policía de Córdoba se manifestó "convencido" de que los cuatro efectivos pasados a situación pasiva impulsaban un nuevo autoacuartelamiento y aclaró que se trata de "grupos minúsculos de policías, que no tienen una vocación de servicio".
Según informó el diario La Voz del Interior de Córdoba, los policías amenazaban con una nueva protesta ante la presunta posibilidad de ser sancionados y por un posible incumplimiento del acuerdo sellado con la Provincia.
En tanto, el fiscal Raúl Garzón detuvo hoy a Adriana Rearte, una de las mujeres que protestaba frente a la Jefatura de Policía por "entorpecimiento funcional" en relación a los hechos ocurridos el 3 y 4 de diciembre pasado
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