Campagnoli denunció la existencia de un "Estado totalitario"

La mudanza de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) que investigó al empresario kirchnerista Lázaro Báez desató hoy una polémica entre su ex titular, el suspendido fiscal José María Campagnoli, y la Procuración General de la Nación (PGN).

"Están pretendiendo desmantelar una fiscalía que funcionaba bien y podía llevar al esclarecimiento un montón de casos", dijo Campagnoli, quien definió a la acción como propia de "un Estado totalitario" y denunció que "esto tiene mucho olor a represalia" por el caso Báez.

Los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica-ARI, presentaron hoy una denuncia penal para que se investigue "amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Ignacio Rodríguez Varela, secretario letrado de la SIPE e hijo del ministro de Justicia de la dictadura Alberto Rodríguez Varela, tuiteó: "Marchamos al destierro como una represalia más por nuestro trabajo, nos obligaron a abandonar nuestras oficinas y a presentarnos a trabajar en el archivo" este lunes.

Sin embargo, la Procuración informó a DyN que "se trata sólo de una mudanza" de la SIPE, que funcionaba en dependencias en Arias 4491, a "unas oficinas especialmente adaptadas" en el cuarto piso del edificio de la calle Tucumán 966.

"En la Procuración es frecuente que haya mudanzas porque se están mejorando las instalaciones", comentó la fuente, y aseguró que el traslado de la SIPE "no afecta los puestos de trabajo de ninguno de sus miembros ni la calidad del trabajo, seguirá haciendo exactamente lo mismo".

Campagnoli sostuvo que "están mandando al destierro, a archivar causas, a investigadores valientes, que son chicos jóvenes que aman la carrera judicial y quieren un país mejor" y anticipó que avisará "de este atropello al secretario del gremio de judiciales Julio Piumato".

La fuente de la Procuración negó que los miembros de la SIPE vayan a oficinas en que haya guardado expedientes judiciales "porque ahí sencillamente no hay archivos" y precisó que ese órgano "estará ahora a cargo del doctor Norberto Sagretti".

Los problemas comenzaron la semana pasada cuando, según la fuente, "desde la Procuración llamaron por teléfono para avisar de la mudanza y en la SIPE se autoacuartelaron" e incluso aseguró que "hubo un sabotaje porque el viernes se cortó la luz, teléfono, agua y hasta cerraron con llave los baños".

"La Procuración ya tiene los oficios de la fiscal de Saavedra-Núñez, Cristina Caamaño, y de la compañía Telefónica en donde consta todo esto y oportunamente se hará la respectiva denuncia penal", indicó la fuente del Ministerio Público.

El 12 de diciembre un Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendió a Campagnoli en su cargo de fiscal, luego de que la Procuradora Alejandra Gils Carbó lo acusara de modificar el objeto procesal de una causa que salpicaba a Báez.

En ese momento también investigaba a la barra brava de River y tenía escuchas donde aparecía involucrado Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.

En la grabación hablaba con una persona identificada como Fabián Penna, alias "El mudo" y sorpresivamente Campagonoli se topó con menciones a Báez y a Austral Construcciones.

"Hay una empresa que necesita facturar y encima darte la factura blanca. Vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan un quince arriba. Ponele: te facturan dos palos y te dan tres gambas. No la escuchaste nunca, ¿no?", dijo "El mudo".

Ante el pedido de precisiones sobre la maniobra por parte del hermano de la ministra, Penna reveló que la firma en cuestión "es de Báez", precisó que era "Austral Construcciones" y reveló que "necesita lavar 300 palos verdes" mediante la operatoria. Rodríguez comentó que si llegaba a acceder a la maniobra "me gano tres gambas" y le pide a su interlocutor "conseguime...si después me podés conseguir el nombre y el CUIT" de la empresa, a lo cual Penna le respondió afirmativamente.

El juez que intervenía en la causa sobre River, Fernando Caunedo, le remitió copias al juez federal Sebastián Casanello para que las añada a la causa penal en que Báez está imputado de supuesto lavado de dinero junto a Federico Elaskar y Leo Fariña