Oyarbide admitió haber suspendido un allanamiento tras llamado del segundo de Carlos Zannini

El juez federal Norberto Oyarbide justificó hoy su decisión de suspender un allanamiento en una cooperativa de crédito tras recibir un llamado de un funcionario del Gobierno, al sostener que estaban usando su nombre para cometer "tropelías", en alusión a un supuesto pedido de coimas en medio del procedimiento.

"No tengo nada para ocultar", dijo el magistrado en declaraciones que brindó a la prensa en la puerta de su casa, en el barrio porteño de Recoleta, al referirse al frustrado operativo del 19 de diciembre pasado, y recordó que "las denuncias de irregularidades" también pueden ser concretadas por funcionarios.

No obstante, la oposición cuestionó con dureza al juez Oyarbide, calificando de "grave" el episodio, e incluso pidió el "juicio político" del magistrado.

Oyarbide dijo que recibió "un llamado telefónico directamente de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación", de parte de Carlos Liuzzi, número dos de la dependencia que conduce Carlos Zannini, en la que el funcionario le advirtió que "estaban solicitando dinero para detener ese procedimiento" usando su nombre "para cometer este tipo de tropelías".

El juez, quien había ordenado el allanamiento, dijo desconocer "cómo el señor Liuzzi se enteró de esas cosas".

El magistrado estuvo así en línea con un escrito que presentó ante el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, quien lleva un sumario para determinar si hay responsabilidad administrativa del juez o del secretario del tribunal Carlos Leiva.

Según una denuncia, dos policías pidieron sobornos en nombre del Juzgado de Oyarbide, al decir que ellos respondían solo ante el magistrado y "no ante ninguna autoridad política", según consta en el expediente, citado en la edición de hoy del diario La Nación.

El juez Luis Rodríguez investiga a los efectivos Fabio Ascona y Angel Castro, acusados de pedir unos 300.000 dólares para no allanar la Mutual Propyme, donde se presentaron junto a otros agentes el 19 de diciembre último y descubrieron que, en la oficina, había cinco millones de pesos termosellados y embalados como habían sido sacados de un banco.

Según el máximo responsable de la cooperativa de crédito, Alejandro Greppi, el procedimiento terminó cuando Ascona le dijo que lo levantaba "porque no había motivos" para continuar, debido a que lo "llamaron del Juzgado" diciéndole que "se terminaba".

Según el financista, el policía le dijo que el presunto pedido de coimas había sido "un error", para luego rogarle que hablara bien de él.

"Liuzzi me dijo que estaban sucediendo cosas muy llamativas; me dijo que estaban solicitando dinero para detener ese procedimiento y que los policías, a los que yo había encomendado la realización de ese medida, estaban amedrentando a la gente que trabajaba en ese lugar", argumentó hoy Oyarbide.

El magistrado añadió: "Establecí contacto telefónico con el secretario actuante, el doctor Carlos Leiva y, como también estaba mi nombre en juego porque estaban usando mi nombre para cometer este tipo de tropelías, le ordené que de forma manuscrita escribiera una resolución que yo mismo me encargué de dictar".

"Esa resolución manuscrita yo la acompañé (al escrito enviado) a la Cámara Federal, al señor presidente, al doctor Irurzun, a los efectos de que él estimara corresponder, un sumario administrativo o lo que fuere. Y también hice la denuncia penal sobre el hecho y está interviniendo el doctor Rodríguez", relató Oyarbide.

El juez completó: "En la causa esta de los allanamientos suspendidos, por una cuestión de pureza procesal de la investigación, me inhibí y ese trabajo actualmente está en manos del doctor (Julián) Ercolini, titular del Juzgado Correccional Federal 10".

PIDEN EL "JUICIO POLITICO" DE OYARBIDE

Por su parte, el titular del bloque PRO de la Cámara baja, Federico Pinedo, calificó de "grave" y altamente preocupante" que Oyarbide haya suspendido un allanamiento tras un llamado del Gobierno, y pidió el "juicio político" del juez.

En tanto, el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reclamó que la Justicia esclarezca este "hecho gravísimo" para darle "una respuesta a la sociedad".

"El reconocimiento por parte de Oyarbide de frenar un operativo después de recibir un llamado de un señor cercano al secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación (Zannini) exige que se le inicie juicio político", advirtió el diputado Pinedo.

A través de un comunicado, el legislador del PRO añadió: "Resulta altamente preocupante que un juez federal suspenda operativos por recibir llamadas de funcionarios del Gobierno y, por otro lado, que reconozca tener contacto con los mismos de manera informal".

"Una vez más, se vulnera la división de poderes en nuestro país", advirtió Pinedo, quien subrayó que "se trata de un hecho grave".

A su turno, Massa señaló que "parte de la credibilidad de la Argentina tiene que ver con la responsabilidad de todos de consolidar la independencia de poderes y más la independencia del Poder Judicial, que hace que tengamos una herramienta para revisar las conductas y el marco normativo del país".

Consultado al respecto por radio La Red, Massa juzgó que el que involucra al magistrado constituye un "hecho gravísimo".

"Creo que es muy importante que ese tema se esclarezca y se brinde, en el marco de la investigación, una respuesta a la sociedad", afirmó