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Empezó el juicio por la tragedia ferroviaria de Once

Se realiza en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. Entre los acusados, figuran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba, entre los acusados

18 de Marzo de 2014 | 00:00
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, uno de los acusados
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, uno de los acusados

Los ex secretarios kirchneristas de Transportes Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto con otros 27 acusados, comenzaron hoy a ser enjuiciados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) por la denominada "Tragedia de Once", que provocó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700 personas que viajaban en un tren de la línea Sarmiento el 22 de febrero de 2012.

Los dos ex funcionarios optaron por un lugar discreto en la sala de audiencias, sentándose en la tercera fila del banquillo de acusados, lo cual contrastó con la primera fila elegida por el maquinista Marcos Córdoba, junto a su abogada Valeria Corbacho, la misma que defendió al ex presidente Fernando de la Rúa en el juicio por los presuntos sobornos en el Senado.

Cruzados de brazos y piernas al inicio de la sesión mientras eran fotografiados por los reporteros gráficos, luego Jaime y Schiavi mostraron actitudes contrastantes: el primero lucía un aire distante de los acontecimientos pero el segundo seguía atentamente el desarrollo de la vista oral y pública a la vez que escribía en un anotador.

También se colocaron en la tercera fila los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, además de Ricardo Luna, el ex sindicalista que se desempeñaba al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, más los dueños de la ex concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio, Claudio y Roque Angel Cirigliano, que tenían la concesión de la línea Sarmiento y recibían subsidios millonarios del gobierno nacional.

El TOF2, encabezado por el juez Jorge Tassara y compuesto además por Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, informó al arrancar el juicio que 10 querellantes decidieron abandonar el proceso -a raíz, según se supo, de que arribaron a un acuerdo extrajudicial de indemnización con TBA- con lo cual, según fuentes judiciales, quedan alrededor de 90 querellantes.

A primera hora de la tarde la audiencia continuaba con las lecturas del requerimiento a juicio elaborado por el fiscal Federico Delgado, el 23 de enero de 2013, y el auto de elevación a esta instancia del debate oral y público. Se prevé que el proceso dure más de un año pues han sido citadas 380 personas a declarar como testigos y las audiencias serán los lunes y martes.

Los familiares de las víctimas se ubicaron en la bandeja ubicada inmediatamente detrás de los acusados y exhibían carteles con la leyenda "Justicia". A la mañana temprano habían increpado a Schiavi cuando éste subía la escalinata de los tribunales de la avenida Comodoro Py 2002.

El fiscal del juicio es Fernando Arrigo y los dos grupos de querellantes que quedan son encabezados, cada uno, por los abogados Gregorio Dalbón -según él, representante de unas 70 víctimas que también estarían negociando un acuerdo económico con TBA- y Javier Moral.

En el banquillo de acusados también estuvieron Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Alvarez, Guillermo Alberto D'Abenigno, Jorge Alberto De los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés y Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, José Doce Portas, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, y Luis Alberto Ninoná.

El maquinista Córdoba, quien según la investigación habría conducido demasiado rápido hasta chocar el paragolpes del andén 2 de la estación Once, bloqueado el freno de "hombre vivo" y no habría reaccionado a tiempo, está acusado del delito de "estrago culposo por descarrilamiento", con posible penas de uno a cinco años de cárcel.

Los 28 acusados restantes afrontan igual cargo y, además, el presunto delito de "defraudación contra la administración pública", con penas de dos a seis años de prisión

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