Di Lello: “Si Boudou cometió un delito, no puede estar al frente de la Nación”

El fiscal federal Jorge Di Lello consideró hoy que el vicepresidente Amado Boudou debe declarar "ya" como acusado en la causa que investiga el rescate de la ex Ciccone Calcográfica, al sostener que "si cometió un delito, no puede estar al frente de una Nación".

Para el fiscal, Boudou debe explicar "si intervino y, si intervino, tiene que aclarar su posición", y agregó que "en definitiva, el vicepresidente de un país, si cometió un delito, no puede estar al frente de una Nación; si no lo cometió, tiene que tener plenitud para hacer útil su gestión".

En declaraciones a radio América, Di Lello insistió con que Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick deben pasar de testigos a imputados porque "ellos mismos son los que, de alguna manera, excitan la participación del vicepresidente, que no debía haber participado si es que participó".

"La quiebra no la hizo Boudou, la deuda de los Ciccone con el Estado es de vieja data: la quiebra ya estaba declarada. Frente a eso, ambos declaran que en el barrio donde vivían, vivía una persona que conocía al vicepresidente. Ellos, visto y considerando que necesitaban un plan especial, intentaron buscar una solución especial vía el vicepresidente", indicó.

Di Lello aclaró que, de todos modos, "el crédito no se dio de manera especial: salió uno de los planes comunes, de los mejores pero comunes. Ha mandado cien planes similares como prueba la AFIP".

"Nos encontraríamos con el absurdo de los Ciccone quebrados, los Ciccone pidiendo la intervención, finalmente se convierten en víctimas -el juez ya los dejó como testigos y no como querellantes- y el Estado argentino, por enésima vez, en uno de sus tantos 'buenos' negocios, debería indemnizar la mala gestión de los Ciccone porque, en definitiva, la quiebra de los Ciccone no es del Estado, más allá de la conducta eventualmente reprochable en materia penal del vicepresidente", prosiguió.

Ratificó que "Boudou, si intervino, tiene que aclarar su posición", y aclaró: "No es que yo quiero indagar a Boudou: yo quiero que todo el mundo contemple".

"¿Por qué ya? Porque, en definitiva, el vicepresidente de un país, si cometió un delito, no puede estar al frente de una Nación. Si no lo cometió, tiene que tener plenitud para hacer útil su gestión", ratificó.

También, según el fiscal, debe declarar el titular de la AFIP, Ricardo "Echegaray, porque siempre entregó los planes de facilidades directamente por resolución propia. Este es el único caso en el que decide pedirle, antes de resolver, al vicepresidente".

Por otra parte, dijo que "en orden al testimonio de (el banquero Jorge) Brito, todo parece indicar que él fue el financista. Eso no está bien ni mal. Pero, si fue el financista y aportó el capital para producir, que explique con quién, quién lo vio y demás".

Boudou es investigado por la Justicia por haber participado, cuando era ministro de Economía, del salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica y su venta a "The Old Fund", un fondo de inversión supuestamente perteneciente a amigos suyos.

A fines de febrero pasado, Graciela Ciccone presentó ante la Justicia un acta firmada por su padre que da cuenta de una reunión en un restaurante de Puerto Madero con Boudou para negociar la continuidad de la imprenta.

El funcionario salió al cruce de esta presentación afirmando que "el acta que presentaron es trucha a todas luces" y señaló que la familia Ciccone estaba "jorobando con un muerto".

En una solicitada, la familia respondió que esa declaración "es realmente ofensiva y vergonzosa", y acusó al vicepresidente de haberla forzado a vender su imprenta a un fondo de inversión supuestamente regenteado por sus amigos.

En febrero pasado, Di Lello pidió, a dos años del inicio de la causa, que Boudou, Echegaray y otras nueve personas, entre ellas los empresarios Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone y su yerno Reinwick, declaren como acusados por el "rescate" de la ex Ciccone, que imprimía billetes.

La semana pasada el juez Ariel Lijo rechazó un pedido de anulación de las declaraciones como testigos de Nicolás Ciccone y de Reinwick, quienes comprometieron a Boudou y a su socio en maniobras sospechosas.

Para el juez no se deben aceptar esos planteos pues "deviene esencial atender al interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio" y añadió: "Esto es especialmente urgente en los casos de corrupción, donde resulta imperioso darle una respuesta oportuna a la ciudadanía"