El año universitario arranca con tensiones y conflictos

La controversia entre estudiantes y autoridades de la facultad de Medicina local en torno a la validez de los títulos obtenidos por un grupo de recientes egresados, en el marco de una compleja trama judicial, sumó ayer un capítulo de alta tensión que incluyó duras acusaciones cruzadas, intimaciones y la toma de la Presidencia de la UNLP por parte de la Federación Universitaria.

Después de varios días de tironeos entre Ciencias Médicas, que se niega a firmar los diplomas de cinco flamantes profesionales aduciendo que lograron cursar la Práctica Final Obligatoria (PFO) de manera irregular y gracias a un “paraguas” cautelar, y los estudiantes que exigen que los documentos sean rubricados “de inmediato”, ayer entró a terciar en la disputa la cúpula de la Universidad. Su presidente Fernando Tauber intimó al decano de Medicina, Jorge Martínez, y su vicedecano, Enrique Pérez Albizú, a que “en el plazo de 48 horas corridas “ rubriquen los certificados de la discordia.

“Es inadmisible e inédita una situación en la que los estudiantes aprueban todas las asignaturas y la Facultad les niega su título” subrayaron desde la UNLP: “los estatutos indican que las materias aprobadas son derechos adquiridos de los estudiantes, y bajo ninguna circunstancia podrán ser perdidas o derogadas”.

Según precisó la dirección de Títulos y Certificaciones de la Universidad, las autoridades de Medicina “retienen los diplomas” en la sede académica de 60 y 120 desde el 13 de diciembre pasado. De no firmar, se advirtió, “deberán afrontar las consecuencias patrimoniales frente a posibles demandas por daños y perjuicios que se puedan iniciar, así como ante posibles demandas penales por incumplimiento de sus deberes, y serán responsables excluyentes por las consecuencias que dicha mora ocasione”.

Esta movida, sin embargo, no satisfizo a los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria (FULP), que convocaron a una concentración en 7 entre 47 y 48, y tras cortar la mano de la avenida hacia plaza Italia durante poco más de una hora resolvieron en asamblea tomar “pacíficamente” las instalaciones del Rectorado. Allí permanecían al cierre de esta edición, esperando una notificación oficial de la convocatoria a reunión de Consejo Superior (ver aparte) y audiencias con Tauber y Martínez, entre otras respuestas.

La polémica por la PFO comenzó a mediados del 2010. Llegó a la Justicia y ahora es el máximo tribunal nacional el que debe decir la última palabra

“Valoramos la intimación que hizo la Presidencia, pero vence en 48 horas y lo más probable es que el decano de Medicina la ignore, como ignora los fallos judiciales en nuestro favor” señaló Clara Condenanza, presidenta de la Federación. “Las autoridades no tienen ‘plan B‘, dicen que ‘no saben’ qué pasa si Martínez no cumple. Por eso creemos que el ámbito en que se debe dar la discusión es en el Consejo Superior, ya que esta serie de arbitrariedades y conflictos sin precedente en la historia de la Universidad Pública, requieren de una solución política”, señaló.

UN CONFLICTO “ETERNO”

La polémica por la PFO comenzó a mediados del 2010. Por entonces, el decanato de Medicina fijó nuevas exigencias de ingreso a la práctica -no adeudar ningún final- para el 2011. Eso derivó en una masiva toma de la facultad durante 17 días. Entonces, las autoridades preguntaron a la Coneau -organismo nacional de acreditación de la carrera- qué plazo máximo les otorgaba. A principios de noviembre de aquel año llegó la respuesta: 2013.

En ese nuevo contexto, el decanato dictó una nueva resolución fijando un plan gradual para aplicar la exigencia académica. En 2011 no hubo cambios (los alumnos podían seguir ingresando a la práctica adeudando hasta 8 finales); en 2012, podrían hacerlo debiendo cinco materias, y en 2013, ninguna. Pero la polémica volvió a estallar cuando la UNLP definió que esa exigencia no podía aplicarse en forma retroactiva al año de la resolución, es decir, 2010.

En ese ínterin, un conjunto de estudiantes recurrió a la Justicia Federal, y logró que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictaminara, con carácter de amparo, que la exigencia de no adeudar materias para ingresar a la práctica no puede aplicarse a los alumnos que iniciaron la carrera antes del 2010; pero luego, en septiembre pasado, le concedió al decanato de la unidad académica el recurso de apelación que presentó contra el fallo, y lo elevó a la Corte Suprema. Ahora es el máximo tribunal nacional el que debe decir la última palabra.

El decano Martínez aclaró ayer que el Ministerio de Educación nacional deberá expedirse acerca de los planteos estudiantiles y la convalidación de los títulos: “la facultad no puede asumir la responsabilidad de entregar a la sociedad profesionales que no cumplieron con los pasos reglamentarios, ni fueron evaluados como corresponde”, sostuvo, “no debe haber ‘atajos’ para nadie, por lo que se consultó al Ministerio cuál será el camino a seguir”.

PEDIDO DE DESTITUCION Y RENUNCIA

En el conjunto de pedidos que la FULP llevó a su toma de ayer, se destacó el de remoción del vicedecano de Medicina, Enrique Pérez Albizú, sindicado por Adelina Dematti de Alaye ante la Justicia como “cómplice” de la última dictadura por haber firmado, presuntamente, certificados de defunción de detenidos-desaparecidos. Anoche, el decano de la facultad de avenida 60, Jorge Martínez, confirmó que Pérez Albizú presentó su renuncia.

“Creyó que era lo debido en estas circunstancias, y le fue aceptada”, sintetizó Martínez.

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