Nación y la Ciudad de Buenos Aires coordinan el protocolo antipiquete para la Marcha Federal Universitaria

El Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires ultimaban por estas horas los detalles del enorme operativo de seguridad que desplegarán de manera conjunta y coordinada para controlar la marcha federal universitaria que tendrá lugar mañana en el centro porteño.

Durante toda la jornada se pondrá en marcha un centro de comando unificado entre ambas gestiones que funcionará de manera presencial y virtual, con la idea de ir monitoreando los pormenores de la movilización.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, vienen conversando en este sentido con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien volverá a apelar al famoso protocolo "antipiquete" para liberar las calles de cortes.

La masividad de la convocatoria hará más que difícil que se pueda cumplir con el objetivo de que los manifestantes circulen únicamente por las veredas.

A diferencia del 24 de marzo pasado, por la marcha del Día Nacional de la Memoria, esta vez los manifestantes no tienen autorización para obstaculizar calles y avenidas.

Sin embargo, la aplicación del protocolo antipiquetes dependerá de la cantidad de gente que asista a la movilización, ya que una multitud en las calles volvería estéril cualquier intento de la Policía para restringir la circulación a las veredas.

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"El protocolo tiene que ver con la cantidad de gente que va, yo conozco más o menos el número de gente que va a ir", reconoció Bullrich anoche en declaraciones televisivas.

La ministra habló de la posibilidad de "provocaciones" por parte de la CGT, la CTA y la izquierda, a los que acusó de "generar una situación para poder movilizarse de acá a la eternidad".

Se suman las universidades privadas

Luego de que el Centro de Estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) apoyara la marcha de mañana en favor de la Educación Pública por entender "la preocupación" de que muchos estudiantes se queden con sus carreras "a mitad de camino", se sumaron a las adhesiones docentes de las universidades Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA).

Alrededor de 90 docentes de UdeSa firmaron un comunicado, compartido en sus redes sociales, donde confirman su presencia en la movilización y señalan las "evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica".

Profesores e investigadores de esa institución privada "se suman a la defensa del sistema universitario en su conjunto y adhieren al reclamo de financiación de la educación pública y a la demanda de una inversión sostenida en ciencia y tecnología".

Por su parte, la UTDT hizo lo propio y casi 100 de sus docentes firmaron la solicitada, que también expresa "preocupación" por las medidas impuestas por parte del gobierno de Javier Milei, en contra del financiamiento a la universidad pública y "al sistema científico" nacional.

"Deseamos expresar nuestra preocupación por la campaña de desprestigio, acoso y asfixia financiera llevada a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional contra las universidades nacionales y el sistema público de investigación científica en general. En particular, deseamos notar que una institución como la UTDT no podría funcionar sin el aporte de decenas de sus profesores que se han formado con excelencia, en grado o posgrado, en universidades públicas del país", sostiene la Universidad Torcuato Di Tella.

Asimismo, y luego de que el Gobierno mencionara la posibilidad de activar el protocolo anti–piquetes propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP) volvió a publicar el comunicado, que había redactado el pasado 20 de diciembre, vinculado al resguardo de los derechos y garantías constitucionales.

"Se considera imperioso resaltar la irrestricta vigencia de normas de la superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades, a la par de exigir su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal", señala la Asociación.

La convocatoria de mañana martes 23 se realizará "en defensa de la educación pública" y aunará tanto a universidades públicas como privadas, y a todas las personas que rechacen el ajuste presupuestario que impacta en el sistema de educación superior.

La concentración principal será a partir de las 15.30hs. en el Congreso Nacional y, desde allí, se trasladará hacia Plaza de Mayo, donde se leerá un documento frente a la Casa Rosada.

Al rechazo de los recortes presupuestarios a las universidades públicas se suman los reclamos por la falta de inversión en las áreas de ciencia y tecnología y por el aumento de los salarios universitarios.

"Incentivada por la política"

En la previa de la marcha convocada en defensa de la educación superior gratuita, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que las universidades "hace décadas que funcionan con severos problemas", advirtió que los índices de terminalidad educativa "vienen cayendo en picada" y que desde el Gobierno "no permitiremos que sean utilizadas por los políticos de turno para beneficio propio".

En su habitual conferencia de prensa de todos los días, el portavoz habló de "sincerar algunos datos" ante "las amenazas de algunos dirigentes políticos universitarios sobre el posible cierre de las universidades". En ese sentido remarcó que la semana pasada "hubo diálogo y un acuerdo con aumento del 70% de partidas de funcionamiento en marzo. Habrá otro en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de 14.403 millones de pesos",

En ese marco, Adorni indicó que "el Gobierno valora la educación pública, laica y federal y que es esa educación la que nos hizo en algún momento un faro educativo en América", por lo que "lejos estamos de querer permitir que este tipo de lugares sean utilizados por los políticos de turno para beneficio propio. No lo vamos a permitir".

En ese sentido, el funcionario indicó que "hace décadas que la universidad funciona con severos problemas, las facultades están en malas condiciones edilicias, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa vienen cayendo en picada: 6 de cada 10 abandona en primer año y 3 de cada 10 son los que terminan las carreras".

Respecto a las críticas recientes, Adorni se preguntó "por qué algunas autoridades universitarias levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 211%", y agregó: "Este es un gobierno que vino a decir la verdad y no va a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios. Transforman la marcha en una marcha incentivada por la política. Es genuino el reclamo, lo que no es genuino que desde un escritorio incentiven a que estas cuestiones ocurran con cierto incentivo detrás".

Por otra parte, el diputado nacional santafesino de unión por la Patria Germán Martínez, solicitó una sesión especial y la misma fue concedida para el próximo miércoles 24 de abril. Entre otros temas, se tratarán la emergencia presupuestaria de las universidades nacionales, el presupuesto general de la administración nacional y la tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para las todas las instituciones educativas de nivel superior.